Directorio democratico cubano -est. 1990- The cuban democratic directorate

Log in


<< First  < Prev   1   2   3   4   5   ...   Next >  Last >> 
  • 09 Jun 2019 1:28 PM | Silvia G. (Administrator)



  • 02 Jun 2019 11:54 AM | Silvia G. (Administrator)


    Captura de video en Youtube
    Exiliados cubanos en un encuentro con María Faría, representante de Juan Guaidó en Costa Rica | Foto © Captura de video en Youtube

    La organización opositora cubana Directorio Democrático Cubano, con sede en Miami, tramita un juicio internacional contra el gobierno de Cuba por crímenes de lesa humanidad, informo Orlando Gutiérrez Boronat, cofundador de la agrupación, al diario costarricense ElPeriodicocr.


    El dirigente señaló que la ideología comunista imperante en la Isla es responsable de la crisis que afecta actualmente a Venezuela.

    “Nosotros estamos en gestiones de enjuiciar internacionalmente a este régimen comunista por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo cubano, el de Venezuela y otros pueblos”, indicó.

    “En Cuba está establecido un régimen totalitario que responde a una ideología que no reconoce fronteras nacionales. Este régimen ocupa Venezuela y ocupa Nicaragua. Se trata de sistemas antidemocráticos cuyo objetivo consiste en la permanencia indefinida en el poder”, añadió.

    Gutiérrez Boronat fue a Costa Rica para participar en el Foro sobre el Sistema Educativo Cubano, organizado a raíz de la firma, el pasado 29 de abril, de un memorando para la cooperación en materia educativa entre los gobiernos de Cuba y del país centroamericano.

    La firma del acuerdo generó preocupación en varios congresistas debido al “adoctrinamiento comunista” de la educación cubana, y alegaron que los docentes que la Isla eventualmente envía a esa nación son en realidad agentes comunistas que se infiltran en sociedades democráticas.

    Por otra parte, el 14 de mayo Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, debido a los abusos y las condiciones de esclavitud que sufren los médicos enviados a trabajar como cooperantes en el exterior.

    La demanda fue presentada por la Asociación Prisoners Defenders International Network; su presidente y fundador, Javier Larrondo Calafat, y el abogado penalista Sebastián Rivero Silva, así como por la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y su coordinador general, José Daniel Ferrer.

    El Directorio Democrático Cubano fue uno de los grupos en Miami que pidieron al presidente Trump implementar “plenamente” la Ley Helms Burton, lo cual permite demandar a compañías extranjeras que usan bienes expropiados por el régimen.


    ARTICLE LINK

  • 30 May 2019 8:54 AM | Silvia G. (Administrator)


    30 de mayo de 2019 - 14:05 - Por DANIEL CASTROPÉ

    María Faría, embajadora de Venezuela reconocida por el Gobierno de Costa Rica, recibió a una delegación de la Comisión Justicia Cuba y advirtió que el régimen cubano es un problema para el hemisferio

    dcastrope@diariolasamericas.com

    @danielcastrope

    María Faría, embajadora de <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Venezuela</font> en <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Costa Rica</font>.
    María Faría, embajadora de Venezuela en Costa Rica.DANIEL CASTROPÉ/DLA

    MIAMI.- La embajadora de Venezuela en Costa Rica, María Faría, hizo un llamado a otros países del continente que puedan ser vulnerables a la instauración de un sistema comunista como el exportado por Cuba, que hoy tiene en crisis al pueblo venezolano, para que “estén alertas” y no permitan el avance de esa ideología.

    Faría, quien fue reconocida como embajadora por el Gobierno costarricense el pasado 14 de febrero, luego de que decenas de países acogieran el nombre de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, afirmó que el “castrochavismo” es un “problema para el hemisferio” y fue enfática al señalar que la única intervención que tienen los venezolanos actualmente “es la de Cuba”.

    Las palabras de la diplomática venezolana se produjeron tras una reunión con miembros y asesores de la Comisión Justicia Cuba, quienes presentaron una propuesta de apoyo al Gobierno de Juan Guaidó para la creación de un tribunal internacional en el que sean juzgados los delitos de lesa humanidad atribuidos al castrismo dentro y fuera de la isla.

    “Creo que es necesario tener una coalición positiva en pro de las democracias y hablar sobre las diferencias de una ideología política y la defensa del ciudadano, y creo que esta es una tarea no solo de los venezolanos, sino de todos los pueblos que están sufriendo, y estar muy atentos en otros países donde se quiere implementar esta ideología”, explicó.

    La representante del presidente Guaidó asumió sus funciones el 16 de abril pasado luego de que el cuerpo diplomático de Nicolás Maduro abandonara el país, con la pérdida de inmunidad y otros privilegios, gracias al reconocimiento oficial otorgado por el Gobierno costarricense.

    Agregó Faría que “yo estoy aquí en representación de ese pueblo que sigue oprimido bajo una dictadura que ha violentado todos sus derechos a nivel político y social, y como exiliada me toca fomentar la libertad de nuestros derechos y levantar la voz por aquellos ciudadanos que están padeciendo por la dictadura”.

    Sobre la ruptura de las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición que encabeza el presidente Guaidó, en Noruega, la emisaria del Gobierno interino de Venezuela dijo que no podía emitir un pronunciamiento. “Me han estado llamando los periodistas, pero tengo instrucciones de no hablar sobre el tema”, subrayó.

    En torno a este particular, las reuniones entre representantes de Maduro y Guaidó, en Oslo, concluyeron sin acuerdo alguno. “Hemos ratificado nuestra ruta: el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres como una forma de resolver la tragedia que Venezuela sufre hoy”, dijeron en un comunicado allegados a Guaidó.

    Reunión con Justicia Cuba

    Entretanto, la diplomática exaltó los alcances de la iniciativa de la Comisión Justicia Cuba, en el sentido de crear un tribunal de enjuiciamiento al castrismo, tras coincidir con la premisa de que el régimen cubano es la raíz de los males que sacuden al pueblo venezolano y a otros en el continente.

    Faría fue enfática al señalar que un tribunal como el propuesto sería de “gran importancia para la causa de la libertad” en países que se encuentran gobernados por dictaduras que han tenido, a lo largo del tiempo, una “profunda injerencia desde La Habana”.

    A la reunión con la embajadora asistieron Orlando Gutiérrez-Boronat, Manuel Zalba, Martín Paz, Jorge Planas, Daniel Quiros, Bertha Antúnez, Luis Zúñiga y Pedro Corzo, quienes ensalzaron la tarea que viene implementando el presidente Guaidó y, al mismo tiempo, insistieron en la necesidad de afrontar el problema de Venezuela desde su raíz en Cuba.

    Durante su intervención, Gutiérrez-Boronat disertó sobre la Venezuela que conoció antes de la llegada al poder de Hugo Chávez y afirmó que un tribunal en el que sean llevados a juicio los responsables del sistema totalitario de la dictadura castrista traería beneficios a la libertad que se busca hoy en territorio venezolano.

    Por su parte, Antúnez se refirió a la falta de libertades que padecen los cubanos que se atreven a salir a las calles a protestar contra el régimen, mientras que Zúñiga, haciendo alusión a dos pasajes de la Biblia, resaltó la personalidad de la embajadora Faría, quien tras una labor intensa logró tomar las riendas de la sede diplomática venezolana en San José, en abril pasado.

    De igual forma, Paz y Planas, ambos de nacionalidad venezolana, dijeron que al estar presentes en esa embajada se sentían en “tierra de libertad”, a lo que Corzo, quien vivió por varios años en Venezuela, aportó un breve recuento de lo que era esa nación petrolera antes del chavismo.

    Más adelante, Zalba, que es de origen español, expresó su apoyo a la causa del presidente Guaidó y reclamó del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, una posición clara sobre la situación de Venezuela, “por los lazos de hermandad que unen a estos dos países”.

    La Comisión Justicia Cuba ha recibido el respaldo de diferentes países, organizaciones internacionales y movimientos políticos a su iniciativa de constituir un tribunal en el que sean juzgados los responsables de crímenes como el hundimiento del Remolcador 13 de Marzo y el derribamiento de dos avionetas de Hermanos al Rescate, entre otros delitos plenamente documentados.


    ARTICLE LINK
  • 29 May 2019 8:15 AM | Silvia G. (Administrator)


    Exiliados nicaragüenses en Costa Rica denunciaron, durante un foro presidido por la Comisión Justicia Cuba, el creciente aumento de agentes de la Isla dentro de las fuerzas militares del régimen de Daniel Ortega, informó Diario de las Américas.

    El encuentro, situado en San José, agrupó a abogados y activistas de más de una decena de nacionalidades, los cuales debatieron los crímenes de lesa humanidad del castrismo.

    Dentro del marco del evento, Hugo Morales, un expatriado nicaragüense, relató a los presentes cómo “paramilitares” al servicio de Ortega y bajo la “orientación de oficiales cubanos” asesinaron a su hermano -un opositor del gobierno sandinista- en septiembre del pasado año.

    “Después de ser ejecutado, le dejaron un mensaje en la barriga que decía que tenía que regresar para pagar por lo que había hecho”, declaró.

    Por su parte, el activista del movimiento universitario "19 de Abril",  Alejandro Bravo, hizo mención de un “represor” de origen cubano que disparó contra manifestantes en la ciudad de Masaya, al noreste de Nicaragua. La nacionalidad del criminal fue descubierta, gracias a su acento.

    “Él no hablaba, no quería identificarse. La población lo estaba maltratando porque había disparado contra civiles. Él dijo que se iba con el ‘consolte’ en mi motocicleta a un hospital, una palabra que es muy cubana. Era un ciudadano de unos dos metros, de tez blanca y puedo testificar que era cubano”, detalló.

    Asimismo, el exmilitar Carlos Zamorán aseguró que la presencia de cubanos dentro de su país ha sido constante desde la década de los 80 del pasado siglo, sin embargo, en los tiempos actuales la injerencia es “más evidente”:

    Según comentó, “estos cubanos eran supuestamente asesores, pero se preparaban para torturar y asesinar a campesinos” y con el retorno de Ortega en 2007, los presuntos consultores aumentaron en número.

    En relación al foro llevado a cabo en San José, Martín Paz, exconcejal venezolano y miembro de la Comisión Justicia Cuba, afirmó que los crímenes del castrismo serán llevados “muy pronto” ante un tribunal internacional.

    Cada uno de los testimonio presentados en la jornada serán evaluados por los integrantes de la organización, impulsada -desde hace dos años- por el Directorio Democrático Cubano y la Asamblea de la Resistencia Cubana, junto con el respaldo de la OEA y disímiles países que se han sumado a la causa.

    Esta no es la primera vez que se denuncia el accionar de la inteligencia cubana dentro del régimen de Ortega. Hace dos meses atrás, un matrimonio de nicaragüenses, compuesto por Lizzette Sequeira y Pedro Ortiz, dijeron haber sido torturados por militares de la Isla.

    "Entre los policías y los paramilitares andan cubanos", manifestó la pareja frente a la Comisión Permanente de Derechos Humanos.

    Desde abril de 2018, Nicaragua ha sido el escenario de constantes movilizaciones populares en busca de la salida de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, de la presidencia. La crisis política en el país centroamericano ha dejado centenares de muertos y una parálisis económica, que ha obligado a grandes grupos de residentes a emigrar.

    ARTICLE LINK

  • 29 May 2019 7:59 AM | Silvia G. (Administrator)

    Página de Inicio


    Asistentes al encuentro. (DIARIO LAS AMÉRICAS
    )

    Exiliados nicaragüenses que huyeron de su país a Costa Rica como consecuencia de la crisis provocada por la dictadura de Daniel Ortega, denunciaron en San José la presencia de un creciente número de cubanos en tareas represivas de las fuerzas militares y de Policía en esa nación centroamericana.

    Las querellas fueron presentadas en el marco de un foro realizado por la Comisión Justicia Cuba, organización integrada por abogados y activistas por los derechos humanos de diez nacionalidades, cuya misión es fiscalizar los delitos de lesa humanidad del castrismo y viabilizar la creación de un tribunal en el que sean juzgados.

    Entre los testimonios recogidos por este comité internacional destaca el ofrecido por el joven nicaragüense Hugo Morales, quien relató cómo "paramilitares" al servicio del régimen de Ortega, bajo la "orientación de cubanos", asesinaron a su hermano en septiembre pasado.

    "Después de ser ejecutado, le dejaron un mensaje en la barriga que decía que (Morales) tenía que regresar para pagar por lo que había hecho", contó, según el reporte de Diario las Américas.

    El asesinato del hermano de Morales sucedió, dijo, "simplemente por protestar por algo con lo que no estaba de acuerdo".

    Entretanto, el activista Alejandro Bravo, quien dijo ser parte del Movimiento 19 de Abril, se refirió a la retención de un "represor" que había disparado en contra de algunos manifestantes en la ciudad de Masaya, y "al hacerlo hablar", por su acento, pudieron constatar que se trataba de un cubano.

    Bravo agregó que al principio pensaron que el "paramilitar" era de origen venezolano. "Él no hablaba, no quería identificarse. La población lo estaba maltratando porque había disparado contra civiles. Él dijo que se iba con el 'consolte' en mi motocicleta a un hospital, una palabra que es muy cubana. Era un ciudadano de unos dos metros, de tez blanca y puedo testificar que era cubano", subrayó.

    Asimismo, el exmilitar nicaragüense Carlos Zamorán aseguró que desde la década de 1980 había presencia de cubanos en las fuerzas castrenses de su país. Sin embargo, señaló que en la actualidad la injerencia de La Habana es más evidente.

    Según sus palabras, "estos cubanos eran supuestamente asesores, pero se preparaban para torturar y asesinar a campesinos". Acotó que con el retorno de Ortega a la presidencia en 2007 "volvieron estos supuestos asesores cubanos" en mayor número.

    Los testimonios escuchados en el foro de la Comisión Justicia Cuba serán evaluados por los miembros y asesores de esta organización, que es impulsada desde hace dos años por el Directorio Democrático Cubano y la Asamblea de la Resistencia Cubana con el respaldo de organismos como la OEA y diferentes países que se han sumado a esta causa.

    De igual forma, un sexagenario que se identificó como Rigo Andrés Gómez aseveró que es tanto el adoctrinamiento cubano en Nicaragua que "hasta nos quieren cambiar nuestras creencias en Dios", y responsabilizó a la dictadura de Ortega de "invadir los templos para que el pueblo entre en pánico".

    Sobre este foro realizado en San José de Costa Rica, Martín Paz, exconcejal venezolano y miembro de la Comisión Justicia Cuba, sostuvo que la misión final del comité multinacional es llevar "los crímenes del castrismo ante un tribunal internacional".

    Por su parte, el abogado español Manuel Zalba, quien también integra esta comisión, indicó que "el régimen cubano impuso su modelo de represión en Nicaragua desde hace varias décadas", a lo que la activista por los derechos humanos Berta Antúnez, añadió: "Nos hacía falta esta comisión porque el régimen de Cuba ha llevado sus tentáculos a otros países".

    El escritor y también exprisionero político cubano Pedro Corzo dijo que el foro "ha sido una oportunidad para que los nicaragüenses puedan pedirle al mundo que se haga justicia y para que estos regímenes no sigan oprimiendo a nuestros pueblos".

    El asesor de la comisión, Jorge Planas, destacó el papel que cumple ese comité y dijo que "estamos aquí para recopilar información y vamos a estudiar caso por caso para llevarlos a un tribunal internacional cuando llegue el momento".


    ARTICLE LINK

  • 06 May 2019 10:17 AM | Silvia G. (Administrator)


    MIAMI (AP) — In 1958, José Ramón López’s father owned Cuba’s main airport, its national airline and three small hotels. And the families of Mickael Behn and Javier García Bengochea had docks in Havana and Santiago de Cuba.

    All properties were taken in Cuba’s socialist revolution.

    The dispossessed families later moved to the United States and abandoned hope of compensation as Cuba and the U.S. severed relations and fought during decades of the Cold War.

    But on Thursday, Behn and Garcia Bengochea filed what were believed to be the first lawsuits against European and American companies doing business on confiscated properties in Cuba — thanks to the Trump administration’s decision to activate a provision of the U.S. embargo on the island.

    Known as Title III of the 1996 Helms-Burton Act, the section allows Americans, and Cubans who later became Americans, to sue almost any company deemed to be “trafficking” in property confiscated by Cuba’s government. Every president since the law’s passage has suspended Title III because of objections from U.S. allies doing business in Cuba and because of the potential effect on future negotiated settlements between the U.S. and Cuba.

    The law contains exceptions for residential properties, properties worth less than $50,000 and properties linked to travel to Cuba deemed legal under U.S. law.

    Its activation, however, could generate dozens or even hundreds of lawsuits, along with trade fights between the U.S. on one side and countries including Spain, France and Britain on the other.

    Behn and Garcia Bengochea, who filed cases in federal court in Miami, are the heirs of families that owned docks or ports that are now being used by cruise ships that began traveling to Cuba in 2016 under President Barack Obama’s detente with the island.

    Behn’s grandfather, American William C. Behn, was president of the company Havana Docks, which owned three docks in the capital that were confiscated in 1960. Mickael Behn, a television executive who lives between Miami and London, says he is suing Carnival Cruise Corp. for up to three times the current value of the docks, as permitted under the law.

    Bengochea, a neurosurgeon who lives in northeast Florida, owns 80 percent of the shares of the confiscated Cuban company La Marítima, which operated the port of Santiago de Cuba. He is suing for up to $20 million.

    “We want to get justice,” said Bob Martinez, the lawyer for both men. “This was a robbery and what we’re trying to get is compensation for the illegal use of these properties.”

    But for George Fowler, an attorney who has advised Carnival on Cuban matters, the law provides an exception for companies that go to Cuba legally, like the cruise lines. For that reason, he said, the Helms-Burton law does not apply to them.

    During the Obama administration, the cruise companies were issued licenses by the Treasury Department to carry American passengers to Cuba.

    Under Trump change, Cuba business partners can now be sued

    Mickael Behn wipes away tears Thursday after he and Javier Garcia-Bengochea filed lawsuits against Carnival Cruise Line, which has been using their former properties in Cuba. They are the heirs of families that owned docks or ports now being used by cruise ships.

    THE ASSOCIATED PRESS

    For its part, Cuba fears that its already lagging levels of foreign investment could be permanently crippled. At a Cuban government-organized May Day parade Wednesday in Havana, marchers carried signs and chanted slogans denouncing the Helms-Burton law.

    The law “was an effort to tie the hands of any president to improve relations with Cuba,” Carlos Fernández de Cossío, Cuba’s director-general of U.S. affairs, told the Associated Press in Washington.

    “No doubt that there will be a threatening effect that will inhibit some investors from going to Cuba. We cannot ignore that that will occur,” he said. “It will perhaps have an impact on the living standards, the living conditions, of common Cubans. ... It will damage perhaps the relationship of the United States and Cuba more than it is today.”

    Others, however, celebrated the first lawsuits.

    Orlando Gutiérrez Boronat, from the exile group Cuban Democratic Directorate, said that the lawsuits have a clear message.

    “Everyone who wants to invest in Cuba will have to go to federal court,” he said .

    The Justice Department has certified some 6,000 claims worth about $8 billion at current values. There are an additional 200,000 uncertified claims, many by Cuban Americans.

    One of the uncertified claims belongs to López, whose family had owned the airport, airline Cubana de Aviación and three hotels in Havana and the southern city of Cienfuegos since 1952.

    “At the end of the day they’re going to recognize that it’s ours,” said López, a 65-year-old retiree who divides his time between Madrid and Miami. “The moment has finally come.”

    Article Link

  • 03 May 2019 10:28 AM | Silvia G. (Administrator)


    PABLO GUIMÓN

    Miami 3 MAY 2019 - 08:53 CEST

    La entrada en vigor del título III de la ley Helms-Burton, suspendido por todos los presidentes de Estados Unidos desde 1996 hasta este jueves, es el último cartucho de la Administración de Donald Trump para ahogar al régimen cubano. Este jueves empezaron a presentarse las primeras demandas de ciudadanos estadounidenses contra empresas internacionales por lucrarse con propiedades confiscadas por el régimen castrista tras la revolución. La medida, además, plantea un grave conflicto diplomático con la Unión Europea.

    El grupo de cruceros Carnival, con sede en Florida, es el blanco de las primeras dos demandas, presentadas este jueves. En la parrilla de salida hay muchas más, algunas contra empresas españolas. Mickael Behn, heredero de una familia originaria de Kentucky y dueña de la compañía Havana Docks en el puerto habanero, apenas podía contener las lágrimas a la salida del juzgado del distrito sur de Miami. “En los años sesenta, los Castro robaron las propiedades de mi abuelo y hoy, al fin, se ha hecho justicia”, decía.

    A su lado, bajo una leve lluvia, igual de elegantemente vestido pero más entero, Javier García Bengoechea, residente en Jacksonville (Florida), heredero de otra familia con propiedades en el puerto de Santiago de Cuba, saboreaba el fin de una “cruzada” que lleva librando diez años. “Me decían que era una pérdida de tiempo y de dinero, pero aquí estamos”, señalaba. Ambos acababan de presentar sendas demandas contra el gigante de los cruceros Carnival, con sede en Florida, por lucrarse con unas propiedades “robadas” a sus familias por el régimen castrista.

    Desde este jueves, los ciudadanos estadounidenses (principalmente de origen cubano) pueden presentar demandas ante los tribunales del país contra quienes se benefician de propiedades confiscadas en Cuba tras la Revolución de 1959, y pedir indemnizaciones por daños y perjuicios. Las de Bengoechea y Behn son las primeras, porque ambos habían notificado al demandado con 30 días de antelación, una formalidad que les permite ahora litigar por tres veces el valor de la indemnización. “Habrá decenas más de estos casos en los próximos meses, eventualmente habrá centenares”, explica a EL PAÍS Nick Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hacendados Cubanos, que representa desde hace años a medio centenar de posibles demandantes.

    “Yo soy el que más tiempo lleva en esto, pero ahora hay muchos otros abogados que están brincando también, y están ofreciendo incluso representación contra resultados, lo cual lo hace más accesible a más personas”, asegura.

    40 años después

    La ley para la Libertad y Solidaridad con la Democracia en Cuba, más conocida como Helms-Burton, por el nombre de los legisladores que la promovieron, fue aprobada después de que los republicanos recuperaran el control de las dos Cámaras del Congreso en 1995, por primera vez en 40 años, y en respuesta al derribo en 1996 de dos avionetas operadas por pilotos estadounidenses de origen cubano que volaban en espacio aéreo jurisdiccional de Cuba. La norma suponía un endurecimiento del embargo al régimen comunista. Pero suscitó un duro rechazo internacional y un conflicto con la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), que llevó al presidente Bill Clinton, al amparo de las facultades previstas en la propia ley, a dejar en suspenso dos de sus capítulos: el título III, que permitía a ciudadanos estadounidenses demandar a empresas extranjeras que se lucraran de bienes expropiados, y el título IV, que preveía la rescisión de visados a los gestores de las empresas. Todos los presidentes desde entonces han mantenido la suspensión.

    Pero Donald Trump ha decidido que la norma completa entre en vigor como parte de sus esfuerzos para propiciar un cambio político no solo en Cuba, sino también en Venezuela, dado el apoyo de La Habana al régimen de Nicolás Maduro. La idea es que la presión desincentive a las empresas extranjeras a invertir en la isla y ahogue al régimen cubano.

    Los litigios pueden ser “muy largos, costosos e inciertos”, explica Gutiérrez. Por eso los demandantes confían en llegar a acuerdos con las empresas. “Nosotros preferiríamos que estas no invirtieran en una tiranía totalitaria que ha violado los derechos de su pueblo, y que exporta represión a otros pueblos como el venezolano. Pero nos conformaríamos con que por lo menos nos reconozcan como los dueños y que nos paguen, porque eso va a mandar un mensaje importante a otros empresarios de que Cuba no es el mejor lugar para invertir”, asegura Gutiérrez.

    El exilio cubano ha celebrado la noticia. Y sigue con expectación la escalada de tensión de la Administración de Trump con el régimen y con su aliado en Caracas. En la víspera, los rumores sobre una eventual intervención militar en Venezuela dominaban el corrillo de intrigantes cubanos a las puertas del restaurante Versailles, epicentro del exilio en Little Habana, que se disolvía entrada la noche al grito de “¡Viva Cuba libre!”. Orlando Gutiérrez-Boronat, director del Directorio Democrático Cubano en Miami, advertía que, a partir de ahora, “quien quiera invertir en la isla tendrá que pensárselo”. “Se acabó la temporada de barra libre en Cuba”, zanjaba.

    Article Link

  • 03 May 2019 10:24 AM | Silvia G. (Administrator)

    An image.

    “Your Messenger of the Arkansas River Valley” 

    AP

    MIAMI -- In 1958, José Ramón López's father owned Cuba's main airport, its national airline and three small hotels. Conchita Beltrán's family had about 2,160 acres of sugar and tobacco fields. And the families of Mickael Behn and Javier García Bengochea had docks in Havana and Santiago de Cuba.

    All properties were taken in Cuba's socialist revolution.

    The dispossessed families later moved to the United States and abandoned hope of compensation as Cuba and the U.S. severed relations and fought during decades of the Cold War.

    But on Thursday, Behn and Garcia Bengochea filed what were believed to be the first lawsuits against European and American companies doing business on confiscated properties in Cuba -- thanks to the Trump administration's decision to activate a provision of the U.S. embargo on the island.

    Known as Title III of the 1996 Helms-Burton Act, the section allows Americans, and Cubans who later became Americans, to sue almost any company deemed to be "trafficking" in property confiscated by Cuba's government. 

    Every president since the law's passage has suspended Title III because of objections from U.S. allies doing business in Cuba and because of the potential effect on future negotiated settlements between the U.S. and Cuba.

    The law contains exceptions for residential properties, properties worth less than $50,000 and properties linked to travel to Cuba deemed legal under U.S. law.

    Its activation, however, could generate dozens or even hundreds of lawsuits, along with trade fights between the U.S. on one side and countries including Spain, France and Britain on the other.

    Behn and Garcia Bengochea, who filed cases in federal court in Miami, are the heirs of families that owned ports which are now being used to dock cruise ships that began traveling to Cuba in 2016 under President Barack Obama's detente with the island.

    Behn's grandfather, American William C. Behn, was president of the company Havana Docks, which owned three docks in the capital that were confiscated in 1960. 

    Mickael Behn, a television executive who lives between Miami and London, says he is suing Carnival Cruise Corporation for up to three times the current value of the docks, as permitted under the law.

    Bengochea, a neurosurgeon who lives in northeast Florida, owns 80 percent of the shares of the confiscated Cuban company La Marítima, which operated the port of Santiago de Cuba. He is suing for up to $20 million.

    "We want to get justice," said Bob Martinez, the lawyer for both men. "This was a robbery and what we're trying to get is compensation for the illegal use of these properties."

    But for George Fowler, an attorney who has advised Carnival on Cuban matters, the law provides an exception for companies that go to Cuba legally, like the cruise lines. For that reason, he said, the Helms-Burton law does not apply to them.

    "I don't think the lawsuits are going to go very far," said Fowler, who also is vice-chairman of the Cuban-American National Foundation, a Cuban exile organization. "It is all about money," he said after explaining that Carnival agrees with him.

    During the Obama administration, the cruise companies were issued licenses by the Treasury Department to carry American passengers to Cuba.

    Other potential major targets include Spanish hotel chains Meliá and Iberostar, Pernod Ricard of France, and other U.S. cruise lines that dock at ports confiscated from U.S. residents."

    Lawyers and potential plaintiffs say they expect only a trickle of lawsuits at first due to the expense and complexity of filing litigation under a law that is being put into effect for the first time and touches on issues of international trade and sovereignty.

    Suing is also expensive, with initial filing fees of more than $6,500 a case, and there is the difficulty and expense of proving ownership with old Cuban documents.

    For its part, Cuba fears it's already lagging levels of foreign investment could be permanently crippled as a result of the activation of the provision. At a Cuban government-organized May Day parade Wednesday in Havana, marchers carried signs and chanted slogans denouncing the Helms-Burton law.

    The law "was an effort to tie the hands of any president to improve relations with Cuba," Carlos Fernández de Cossío, Cuba's director-general of U.S. affairs, told The Associated Press in Washington.

    "No doubt that there will be a threatening effect that will inhibit some investors of going to Cuba. We cannot ignore that that will occur," he said. "It will perhaps have an impact on the living standards, the living conditions, of common Cubans ... It will damage perhaps the relationship of the United States and Cuba more than it is today."

    On Thursday, the European Union also said it could file a World Trade Organization lawsuit or levy its own sanctions against U.S. entities that sue under Title III.

    "The EU sees the extraterritorial application of unilateral restrictive measures as violating international law, and will take all appropriate measures," the EU said in a statement.

    Others, however, celebrated the first lawsuits.

    Orlando Gutiérrez Boronat, from the exile group Cuban Democratic Directorate, said that the lawsuits have a clear message.

    "Everyone who wants to invest in Cuba will have to go to federal court," he said after a press conference in front of the downtown court where the suits were filed.

    Beltrán said her family had 860 acres (348 hectares) of sugar fields and 1,300 acres (526 hectares) of tobacco in western Pinar del Rio province. She has no idea if she will be able to sue a foreign corporation doing business related to her properties, but she is optimistic.

    "God willing, I want to see restitution or compensation before I die," said Beltrán, 76, who fled to Miami in 1961. She said her husband died 35 years ago dreaming of some form of compensation for their loss.

    "For me, justice is being done," she said of the decision to activate the law.

    The Justice Department has certified some 6,000 claims worth approximately $8 billion at current values. There are an additional 200,000 uncertified claims, many by Cuban-Americans, whose value could reach into the tens of billions of dollars.

    One of the uncertified claims belongs to López, whose family had owned the airport, airline Cubana de Aviación and three hotels in Havana and the southern city of Cienfuegos since 1952. Along with the airlines Aeroméxico, LATAM of Chile and Copa of Panama, López said he is preparing documents to sue the Cuban government and Meliá, which runs the Cienfuegos hotel.

    He said he isn't worried by the potential investment of time or money.

    "At the end of the day they're going to recognize that it's ours," said López, a 65-year-old retiree who divides his time between Madrid and Miami. "The moment has finally come."

    Article Link

  • 02 May 2019 11:28 AM | Silvia G. (Administrator)

    El Periódico de México

    Por GISELA SALOMON y MICHAEL WEISSENSTEIN, AP

    MIAMI (AP) — En 1958 el padre de José Ramón López era el propietario del principal aeropuerto de Cuba, la aerolínea nacional y tres pequeños hoteles. La familia de Conchita Beltrán tenía unas 874 hectáreas de campos de tabaco. Y los familiares de Mickael Benh y Javier García Bengochea tenían muelles en La Habana y Santiago de Cuba.


    Todas esas propiedades fueron expropiadas tras la revolución socialista.

    Las familias se mudaron a Estados Unidos y perdieron la esperanza de ser compensadas por las propiedades que les quitaron mientras Washington y La Habana cortaron relaciones y se enfrentaron durante décadas de Guerra Fría.

    Sin embargo, el jueves, Behn y García Bengochea presentaron lo que se cree son las primeras demandas contra empresas europeas y estadounidenses que hacen negocios en propiedades que fueron confiscadas en Cuba, después de que el gobierno del presidente Donald Trump activara una disposición del embargo a Cuba.

    Conocida como Título III de la ley Helms Burton de 1996, esta sección permite que estadounidenses y cubanos que se naturalizaron estadounidenses denuncien a cualquier empresa que “trafique” en propiedades confiscadas por el gobierno cubano.

    Desde su aprobación, todos los presidentes estadounidenses habían suspendido el Título III por objeciones de los aliados de Washington con negocios en Cuba y sus posibles efectos en futuras negociaciones de acuerdos entre Estados Unidos y Cuba.

    La ley contiene excepciones para propiedades residenciales, propiedades valoradas en menos de 50,000 dólares y propiedades relacionadas con viajes a Cuba considerados legales bajo la normativa estadounidense. Su activación, sin embargo, podría generar decenas e incluso cientos de demandas además de batallas comerciales entre Washington y países como España, Francia y Gran Bretaña.

    Behn y García Bengochea, que presentaron sus demandas en una corte federal de Miami, son los herederos de familias propietarias de puertos a donde ahora llegan cruceros que comenzaron a viajar a Cuba en 2016, bajo la flexibilización de la política hacia Cuba alentada por el entonces presidente Barack Obama.

    El abuelo de Behn, el estadounidense William C. Behn, era presidente de la compañía Havana Docks, que tenía tres muelles en la capital que fueron confiscados en 1960. Mickael Behn, un ejecutivo de la industria televisiva que vive entre Londres y Miami, dijo que está demandando a la corporación Carnival Cruise por un valor equivalente al triple de lo que sería el valor actual de la propiedad, tal como lo permite la ley.

    García Bengochea, un neurocirujano que vive en el noreste de la Florida, tiene el 80% de las acciones de la empresa cubana confiscada La Marítima, que operaba el puerto de Santiago de Cuba. Su demanda es por unos 20 millones de dólares.

    “Queremos justicia”, dijo a la AP Bob Martínez, uno de los dos abogados que representa a Behn y García Bengochea. “Fue un robo y lo que estamos tratando de recuperar es que se les pague porque han usado las propiedades de manera ilegal”, expresó.

    No obstante, para George Fowler, un abogado que ha asesorado a Carnival en asuntos de Cuba, la ley ofrece excepciones para empresas que viajan legalmente a la isla, como las compañías de cruceros. Por esa razón, explicó, la ley Helms-Burton no se aplica a ellos.

    “No creo que las demandas vayan a llegar lejos”, expresó Fowler, que también es vicepresidente de la Fundación Cubano-Americana, una organización del exilio cubano. “Solo se trata de dinero”, dijo tras explicar que Carnival acuerda con su posición.

    Durante el gobierno de Obama, las compañías de cruceros recibieron licencias del Departamento del Tesoro para poder llevar pasajeros estadounidenses a Cuba.

    Otras empresas que podrían ser demandadas incluyen también a cadenas hoteleras españolas como Meliá e Iberostar, la firma francesa Pernod Ricard y líneas de crucero estadounidenses que atracan en puertos confiscados a ciudadanos estadounidenses.

    Abogados y posibles demandantes señalaron que al principio sólo se verían un puñado de denuncias debido al alto costo y a las complejidades de un proceso judicial basado en una ley que acaba de entrar en vigencia y abarca asuntos de comercio internacional y soberanía.

    Uno de los primeros obstáculos que enfrentan algunos de los interesados es el precio de interponer una demanda en los tribunales: más de 6,500 dólares, una cifra muy superior al promedio de 400 de otras acciones judiciales. Además, tienen que pagar abogados, identificar a las empresas que están lucrando con las propiedades y estar seguros de que tengan negocios en Estados Unidos y conseguir el título de propiedad o documentos que certifiquen que eran los dueños, entre otras cosas.

    La activación del Título III ya provocó protestas de la Unión Europea, Canadá y Cuba y generó temores de que los ya deprimidos niveles de inversión extranjera puedan verse mutilados de manera permanente.

    En una marcha organizada por el gobierno cubano el miércoles en La Habana, en el Día del Trabajo, los manifestantes llevaban carteles y gritaban cánticos denunciando la ley Helms Burton.

    La ley “constituía un esfuerzo para atar las manos de cualquier presidente que intentara mejorar las relaciones con Cuba”, dijo Carlos Fernández de Cossío, director general cubano de asuntos estadounidenses.

    “Sin duda habrá un efecto de amenaza que inhibirá a algunos de los inversionistas de ir a Cuba. No podemos ignorar que eso sucederá”, dijo a The Associated Press en Washington. “Tal vez afectará los niveles de vida, las condiciones de vida, del común de los cubanos... Tal vez dañará la relación de Estados Unidos con Cuba más de lo que está hoy”.

    La Unión Europea dijo que podría presentar una demanda ante la Organización Mundial de Comercio o sancionar a las entidades estadounidenses que recurran a la ley Helms-Burton.

    “La UE considera que la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales es una violación del derecho internacional y tomará las medidas apropiadas”, dijo el bloque europeo en un comunicado.

    Otros, sin embargo, celebraron las primeras demandas.

    Orlando Gutiérrez Boronat, de la organización Directorio Democrático Cubano, dijo que las demandas tenían un claro mensaje.

    “Todo el que quiere invertir en Cuba va a tener que ir a una Corte Federal”, expresó al término de una rueda de prensa frente al tribunal donde se presentaron las demandas.

    Beltrán dijo que su familia tenía unas 348 hectáreas (860 acres) de campos de caña de azúcar y 526 (1,300 acres) de tabaco en la provincia de Pinar del Río, en el oeste del país.

    Aunque aún no puede demandar porque no ha podido determinar qué compañías extranjeras operan allí, está esperanzada.

    “Si Dios quiere pienso ver la restitución o compensación antes de morirme”, expresó Beltrán, una contadora jubilada de 76 años que huyó a Miami en 1961. Su esposo murió hace 35 años soñando con algún tipo de compensación, explicó.

    “Para mí es un acto de justicia que se está haciendo”, dijo refiriéndose a la nueva política estadounidense.

    El departamento de Justicia de Estados Unidos ha certificado unos 6,000 reclamos como meritorios, con un valor calculado en unos 8,000 millones de dólares, pero además hay otras 200,000 peticiones sin certificar que ascenderían a decenas de miles de millones más, la mayoría de ellas de cubanos-estadounidenses.

    Una de esas reclamaciones sin certificar es la de José Ramón López, cuya familia era propietaria del aeropuerto de La Habana, de la aerolínea Cubana de Aviación y de tres hoteles en la capital y en la ciudad de Cienfuegos, al sur de la isla, desde 1952. Además de demandar a las aerolíneas Aeroméxico, LATAM de Chile y Copa de Panamá, López dijo que está preparando documentos para hacer lo mismo con el gobierno cubano y Meliá, que opera el hotel en Cienfuegos.

    “Al final del camino le van a reconocer lo que es de uno”, expresó López, un jubilado de 65 años que divide sus días entre Madrid y Miami. “Ahora ha llegado el momento”, dijo refiriéndose a la posibilidad de demandar en las próximas semanas.



    Article Link

<< First  < Prev   1   2   3   4   5   ...   Next >  Last >> 
office: +1 (305) 220-2713 email: info@Directorio.org